Hoy 16 de marzo juramentan los 130 miembros del Parlamento de período complementario en un evento restringido al público. Con o sin coronavirus, este interregno político se cierra con óbices para el destino democrático y para la razón de ser del breve período del Congreso pre 2021. La Reforma política y el refrescamiento de las reglas de juego es la labor fundacional del Parlamento a instalar si recordamos el simbólico hecho de que el Ejecutivo presentó el conjunto de proyectos de ley para su aprobación ante el Congreso con cuestión de confianza en abril del 2019. El sintomático título del pliego de proyectos, “Hacia la democracia del Bicentenario” (2019), da cuenta de estas intenciones.
Mas desde entonces ya existían obstáculos para la reforma como (1) la mutilación de las propuestas presentadas –de doce a seis- y la posterior desnaturalización de las restantes por el disuelto Congreso, hecho que Fernando Tuesta, presidente de la CANRP, acusaba como la evasión contraproducente del carácter integral e inseparable de las proyectos de ley; y (2) el reducido tiempo para llevar a cabo su concreción en el siguiente período parlamentario –entre la quincena de marzo y el 11 de abril-. Por la demanda de un gran esfuerzo primordialmente del Congreso, se supo de entrada que un viraje importante de reglas democráticas sería difícil de conseguir (Tuesta, 2019, pág. 63).
Una reforma política contiene además en la historia de Latinoamérica y el Perú (Fujimorato) tendencias a la intromisión de los grupos dominantes en función al sostenimiento de una hegemonía política; por ejemplo permitiendo reelección inmediata, desequilibrando la división de poderes, centralizando la decisión electoral, etc. (Payne & Cruz, 2007, pág. 66). Tal no fue el caso en el 2019, escenario donde el cambio de la clase política y de las reglas que permitían sus negligencias se pedía a gritos por la sociedad civil, ayudado por la cúspide mediática del destape y persecución de la corrupción. La reestructuración recogía las disposiciones de la opinión pública y el ánimo patriota por conmemorar un 2021 moralmente digno en lo político.
Este hecho no descarta la injerencia de los intereses partidarios no en la reforma política sino en contra de la culminación de la misma, que les permitiría una zona de confort electoral para el futuro. En el pasado febrero, el Instituto de Estudios Peruanos llevó a cabo una encuesta a 1 207 personas sobre opiniones acerca de temas políticos y sociales de donde se rescató la llamada agenda social de los peruanos. Ante la importancia popular por la delincuencia, la educación en los colegios y la violencia contra la mujer, voceros de los partidos del nuevo parlamento mostraron un sorprendente ánimo por atender en su gestión la voluntad social por encima de los acuerdos democráticos, aprovechando la afirmación de sus propósitos (Pereda, 2020). Ahora el covid-19 y la cuestión de salud habrá superado la delincuencia y los feminicidios en la atención de los peruanos, hecho que será igualmente materia de excusa.
Pues la reforma en mención atiende más a la reglamentación de los partidos y su financiamiento que a los sistemas de elección presidencial, sosteniendo cuatro ejes: organizaciones políticas fuertes, rendición de cuentas y prevención de la corrupción, gobernabilidad-control político así como una mayor y mejor participación de la ciudadanía. Considerando que, de los proyectos sobrevivientes referidos a la inscripción, inmunidad parlamentaria, los candidatos con sentencias, democracia interna, financiamiento, paridad y alternancia, al menos dos representan limitaciones para las nueve bancadas; no hay ánimos visibles entre las agrupaciones de que las cosas se dificulten más para sus posteriores postulaciones.
Pese a que se elaboran en la Mesa Directiva proyectos para complementar la reforma -voto extranjero e inmunidad parlamentaria-, un estado de emergencia de 15 días por una pandemia unido a la histeria colectiva, el cierre de fronteras y el congelamiento de la economía y del empleo pondrá cuesta arriba los débiles esfuerzos. La representación y fiscalización se ubicarán delante de la legislación.
Para Amartya Sen (2000), mecanismos democráticos como las reformas de las instituciones políticas garantizan la capacidad de los ciudadanos de discutir y consensuar las necesidades de la sociedad. Además, en función al cuarto eje de la reforma, la extensión de las libertades de agencia política y de la equidad representativa de los individuos posibilita libertades económicas a la vez que precave contingencias y crisis de desabastecimiento y miseria como declive del desarrollo.
Referencias:
Hidalgo, M. (14 de marzo de 2020). Ganadores y perdedores con la reforma trunca. El Comercio, pág. 32.
Payne, J., & Cruz, J. (2007). Reformando las reglas del juego: la reforma política. En E. Lora, El estado de las reformas del Estado en América Latina (págs. 65-98). Washington: Banco Mundial.
Pereda, Z. D. (4 de febrero de 2020). Las reformas políticas versus las prioridades de agenda social. La República, pág. 1; 4.
Sen, A. (2000). Desarrollo y Libertad. Barcelona: Planeta.
Tuesta Soldevilla, F. (2 de setiembre de 2019). Cómo queda la reforma política. El Comercio.
Tuesta Soldevilla, F. (2019). Hacia la democracia del Bicentenario. Lima: Konrad Adenauer Stiftung (KAS).
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